La pandemia, como momento coyuntural en la ciudad, ha permitido mirar a los ojos a una fiera que parece querer arrasar todo: el conflicto urbano.
Las bandas criminales se han transformado y han demostrado que pueden acoplar sus actividades a nuevas situaciones para reestructurarse en el tiempo, pero no cambian viejos hábitos que corroboran el poder que tienen en el territorio, con una amplia presencia en este y donde aún exististe un “para-estado” en el que la autoridad y la seguridad está al mando de los grupos ilegales.
Uno de estos hábitos, acentuado durante la pandemia por parte de los grupos dedicados a actividades ilícitas en la ciudad, no es más que la cara visible del problema histórico que aqueja a Medellín: la unión entre bandas delincuenciales y combos criminales con la institucionalidad.
El conflicto urbano, que en Medellín tiene una historia de 35 años, como lo afirma el diario El Tiempo, ha sido en sus comienzos el caldo de cultivo de la guerra urbana que se desató
en la ciudad y que hoy continúa viva bajo el signo de la cogobernabilidad, presente en esta y otras alcaldías como la de Sergio Fajardo.
"El tema de la pandemia nos está mostrando que hay cosas que han ocurrido y que se deberían profundizar más"
“Nosotros hemos planteado la existencia de cogobierno hace rato, desde las épocas de la alcaldía de Fajardo. Lo que algunos llamaron la donbernabilidad nosotros lo llamamos la para-tranquilidad urbana, porque vimos que era un asunto de estructura que iba más allá del don o del patrón”. Así lo afirma Luis Fernando Quijano, director de Corpades y analista del conflicto urbano, quien a su vez asegura que dicha alianza se remonta, incluso, a la década del 70 con el boom del narcotráfico en la ciudad.
“Ahí vimos las primeras construcciones, aunque podía venir de antes, de lo que se puede llamar el cogobierno urbano del crimen. El tema de la pandemia nos está mostrando que hay cosas que han ocurrido y que se deberían profundizar más. Nosotros creemos que hay una construcción de cogobierno urbano desde hace mucho rato, de 20 años o más, si se tiene en cuenta todo el tema de mafias y narcotráfico en los 70 que se vivía esa situación”, agregó Quijano.
Este conflicto, que lo tiene todo, desde poderes políticos implicados al máximo nivel, múltiples denuncias públicas e instituciones civiles cómplices de numerosas actividades ilícitas, muestra un panorama caótico para Medellín.
Luis Guillermo Pardo, exasesor de Paz de Medellín, asegura que “en Medellín el conflicto urbano es estructural, lo que implica cierta cogobernabilidad de las autoridades con los actores ilegales, combos y las convivir”. El problema es estructural a tal punto que “cualquier acción del Estado pasa por el visto bueno de los ilegales en el micro territorio” y la muestra clara de ello es que “ la Policía funciona igual que los combos, cuidan de la carrera tal a la calle tal (Plan cuadrantes) y entonces, cómo coexisten los dos, tiene que haber una coexistencia pacífica, no hay más explicación”, explicó el exasesor.
Este problema estructural, marcado por la unión entre entidades institucionales e ilegales y la coexistencia pacífica de las mismas en el territorio, ha penetrado, en algunas ocasiones, las muestras de presencia del Estado en el micro territorio, como es el caso de las JAC (Juntas de Acción Comunal), y es prueba de la existencia de una complicidad entre el Estado y los ilegales, que en alianza encuentran un beneficio mutuo.
James Zuluaga, líder de la Comuna 13 y defensor de derechos humanos, asegura que los combos han logrado permear algunas de las Juntas de Acción Comunal. Siendo esta una estrategia de control político que les permite tener información privilegiada de los sectores que controlan. Algunos presidentes de acciones comunales o líderes sociales tienen relación con el Estado, con la Alcaldía y con la Policía y esto hace que sirvan de informantes a los actores armados.
“Nosotros hemos hecho una investigación bastante amplia desde hace un tiempo y sabemos que lo que más se pelean los grupos armados es tener las presidencias de las Acciones Comunales”, asegura Zuluaga.
Esta alianza durante la pandemia se vio reflejada en las ayudas económicas y sobre todo en la distribución de los kits alimenticios que se entregaron en abril por parte de la Alcaldía. El fin de las entregas era subsanar las necesidades básicas de sectores marginados. Sin embargo, los ilegales metieron la mano para auto abastecerse.
“Los kits alimenticios no se entregaban directamente en el territorio sino que se le entregaban a los líderes, nosotros hemos venido denunciando que hay líderes que trabajan directamente con las estructuras criminales. Los líderes pasaban unas listas que son manejadas con los actores armados ilegales. Entonces llegaban y entregaban en un punto y preguntaban: ¿quién es el líder de la zona? El de la JAC decía: tal persona es el líder, pero el líder de la zona era el comandante del barrio y él le daba a sus trabajadores: el jíbaro, el carrito*... y realmente no llegaba a las personas”, confirmó James.
A pesar de que esta es la realidad de la comuna y que no se desconoce que hay líderes comunitarios que colaboran con los ilegales, es necesario recordar que muchos de ellos lo hacen bajo constantes presiones y amenazas por parte de los combos.
Los integrantes de las bandas están profundamente ligados al territorio, ya que allí residen sus familiares y amigos, por lo que es de esperarse, como sucedió en la pandemia, que prioricen las entregas de recursos, en la que coinciden dos de los expertos contactados.
“El campanero** va a decirle al jefe: oiga, jefe, pero dígales para que le den a mi familia también. Eso es real, ellos metieron la mano”, aseguró Quijano, el director de Corpades.
"Lo que más se pelean los grupos armados es tener las presidencias de las Acciones Comunales"
“Este es un tema que los grupos armados han manejado porque tienen una estructura política en los barrios. Tristemente, como las instituciones no hacen el trabajo que deberían hacer, entonces, a veces, las ayudas se desvían”, contó James Zuluaga.
Los ciudadanos también reconocen la priorización de entregas y al parecer la situación ya hace parte del paisaje. “Los líderes comunales han escogido las familias para darles la ayuda, así lo hacen en todo el sector del 20 de Julio”, relató un conductor de transporte público en la Comuna 13, San Javier.
Las JAC son solo un hilo de una gran red cuyos canales se han fortalecido con el tiempo. No solo en pandemia es clara la alianza entre los combos con sectores de la institucionalidad. El problema es casi tan antiguo como el mismo surgimiento del conflicto urbano en la ciudad.
Como asegura Fernando Quijano, “existe un sector de la institucionalidad permeado por el crimen urbano y el crimen urbano- rural. ¿Qué quiere decir eso? Que dan protección oficial a cambio de una nómina, lo que llamamos la nómina paralela. Decíamos que era el 20, 30 o 40 %. Saquemos el porcentaje, pero digamos que hay personas en la institucionalidad que pueden estar permeadas y así ellos tienen acceso a toda la información, información judicial, de actividad policial y del Ejército y actividades del CTI, de contratos”.
Un posible nexo entre la Alcaldía y las bandas ilegales para la entrega de ayudas durante la pandemia generó un escándalo
Cuando se mueve el Presupuesto Participativo (PP), que es un programa gubernamental en el que las comunidades priorizan el 5 % del presupuesto de inversión para el territorio, es cuando más se evidencia la forma cómo manejan las cifras y los proyectos. En esos momentos un integrante de la estructura delincuencial informa a los líderes del PP que, como lo confirmó Quijano, “el 20 % del proyecto es de nosotros”. Ahí quedó sentenciado y decidido: esos recursos van a parar a las finanzas y los activos (porque muchas veces son materiales, como ladrillos, cemento, hierro) de las organizaciones criminales.
Ese accionar se ve también en las obras públicas. Quijano lo cuenta así: “bueno, usted pone a trabajar a la gente de nosotros y nos pagan la seguridad. Además, nos dan tanta plata y hágame el favor, que la obra también vaya por este ladito, me prestan la volqueta, me prestan esto y me regalan estos tubos y estos ladrillos para arreglar mi casa”. Este tipo de instrucciones se ven en esto y lo hacen porque tienen información privilegiada.
Otro episodio que generó escándalo, tanto en la calle como en redes sociales, por los nexos entre la Alcaldía y las bandas ilegales, tuvo lugar el 18 de abril de 2020. Fue un tuit de Pascual Gaviria, abogado, periodista, columnista y escritor que puso en la mira a la actual administración.
El mensaje llamó la atención por mostrar un documento oficial de la Alcaldía que evidencia, dentro de las estrategias diferenciales para el apoyo en los barrios durante la pandemia, tener “contacto con grupos ilegales que controlan el territorio para articular atención territorial”.
En Medellín, como lo afirma Luis Fernando Quijano, “la política de seguridad ha sido enfocada en controlar, más no en desmantelar las bandas, porque quizá allí se evidencia que sectores oficiales han sido, son y serán informantes clave y cómplices silentes del crimen urbano”.
*Carrito: persona, normalmente menor de edad, utilizada por los combos para transportar armas y drogas, entre otras cosas.
**Campanero: persona encargada de avisar que hay movimientos extraños en el barrio o que llegó la policía.
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