Antioquia se paralizó por completo a las 7:00 p. m. del 20 de marzo de 2020. Aquella noche, las patrullas y el helicóptero de la Policía no tenían como intención la captura de algún cabecilla o el desmantelamiento de alguna banda de microtráfico, iban tras la búsqueda de ciudadanos desprevenidos, indiferentes. Las sirenas y el reflector incandescente del helicóptero, por el contrario, anunciaban el inicio de la “Cuarentena por la vida”.
Las calles, vacías y hostiles, se liberaron del peso aturdidor de los más de dos millones quinientos mil habitantes que tiene Medellín, que se resguardaron en sus casas ante la amenaza de un virus que se abría paso por la región. La medida ‒que prohibía la circulación de personas y de vehículos en todo el territorio del departamento y que pretendía contener la propagación de la covid-19‒ se extendió, tras cumplirse las fechas iniciales, por dos semanas más y empalmó luego con una cuarentena nacional. El confinamiento, que entonces parecía temporal, sumó hasta el 31 de agosto más de cinco meses ininterrumpidos.
Durante la pandemia “el crimen lo que hizo fue adaptarse”
Durante la temporada de aislamiento la economía de la ciudad estuvo limitada. Cerraron restaurantes, negocios, centros comerciales; a la vez, universidades, colegios y empresas cuyas características se lo permitieron, migraron al terreno digital. Mientras tanto, las 140 bandas criminales que delinquen en los barrios de la ciudad y que ocupan cerca del 85 % del territorio, según la Defensoría del Pueblo (Alerta Temprana n° 032-2020), continuaron activas, e incluso algunas con mayor fuerza que antes.
Para Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social - Corpades, durante este periodo “el crimen lo que hizo fue adaptarse”. La pandemia, como a todos, también las cogió por sorpresa y el golpe imprevisto que les propinó el aislamiento, a mediados de marzo, las obligó a detener su accionar durante algunas semanas.
Crime in the time of covid-19, una investigación realizada por la organización Innovations for Poverty Action, la Universidad de Chicago y la Universidad Eafit, recogió testimonios de líderes de cada comuna de la ciudad durante el mes de abril. El documento, que se cuestiona por el rol de los combos durante la temporada del confinamiento obligatorio, presenta un escenario adverso para las bandas durante las primeras cuatro semanas después del inicio de la medida.
Tras haber realizado entrevistas y haberlas apoyado con estadísticas cuantitativas sobre la presencia de los combos en el territorio, los resultados “sugieren de manera abrumadora que las bandas han sido pasivas, o a lo sumo han hecho pequeños ajustes a las formas en que realizan actividades ilegales”. La investigación encontró además que, durante esas
primeras semanas, las bandas poco interfirieron en las medidas de aislamiento y en la entrega de ayudas a la población civil.
La situación tuvo un cambio drástico a partir de mayo, cuando estos grupos reiniciaron su actividad delictiva. “En últimas ‒comenta Luis Guillermo Pardo, analista del conflicto urbano‒, la economía se vio afectada y los combos, en un principio, reaccionaron y aproximadamente al mes comenzaron a reactivar sus redes de rentas ilegales”.
La extorsión, una de las mayores fuentes de financiamiento de las bandas, no fue la excepción. Para el experto, incluso la vacuna (pagos por vigilancia, negocios, uso del espacio público, construcciones o demás razones por las cuales los grupos delincuenciales exigen dinero a la población) aumentó en varios sectores de la ciudad durante la cuarentena.
A "los únicos a los que les fue bien en la pandemia fue a los grupos armados”, pues , además del incremento en las extorsiones , el microtráfico fue otro aspecto en el cual se beneficiaron
“Yo con mi carro trabajo en un acopio de colectivo —cuenta un habitante del Centro Occidente de la ciudad— y desde que empezó la cuarentena están cobrando 10.000 pesos por carro cada semana”. El hecho, según el ciudadano, no había ocurrido antes en el sector que él frecuenta. La disminución en los ingresos de los grupos delincuenciales trajo consigo el inicio del cobro en lugares que antes no tenían referenciados . Cuenta, incluso, cómo la extorsión allí va en aumento: “y ya para esta semana serían 12.000 lo que hay que pagar.”
James Zuluaga, líder social y defensor de derechos humanos de la Comuna 13, explica que “en vez de disminuir las extorsiones, pues uno piensa que ellos dicen pobrecita la gente que está sin empleo, que está sin comer, todo el mundo decidió comenzar a cobrar”.
Evidenciando cómo algunas de estas bandas decidieron “aprovecharse” de la situación, el líder afirma que “los únicos a los que les fue bien en la pandemia fue a los grupos armados”, pues considera que, además del incremento en las extorsiones en algunos sectores de la ciudad, el microtráfico fue otro aspecto que los benefició: “Antes tenían ‘plazas’ y ya tienen es como ‘supermercados’, porque están vendiendo una cantidad de drogas impresionante. Y los jóvenes, encerrados y estresados, comenzaron a consumir”.
Por su parte, al igual que Zuluaga, Ólmer Muñoz, docente universitario y experto en seguridad, considera que a las bandas criminales “no se les ha visto afectadas sus finanzas, porque han comenzado a hacer venta de microtráfico a través de redes sociales” (ver capítulo III), además de que “se mimetizaron perfectamente en la necesidad que había por vender sus mercancías”.
Quijano cree lo contrario: “Solo del Cauca dejaron de entrar más de 60.000 libras de marihuana mensuales”, lo que significó que el precio se duplicara y triplicara en los barrios de la ciudad al disminuir la oferta. Aunque hace la salvedad de que la corrupción permite el tránsito de camiones más allá de las restricciones por la pandemia, insiste en que “no se puede creer que entró la misma cantidad de marihuana a Medellín”.
A pesar de lo anterior, un comunicado de la Policía Nacional anunciaba el 15 de junio de 2020 la incautación de 145 kilogramos de marihuana con procedencia de Cali y con destino a Medellín y Barranquilla. Bajo la modalidad de “encomienda”, los grupos delincuencias habían logrado movilizar el cargamento por buena parte del territorio nacional sin ser identificados.
La página web de la Policía cuenta, por lo menos, con más de 15 entradas que recogen anuncios similares de incautación de estupefacientes que pretendían ingresar a la ciudad durante los últimos seis meses. De esta manera, los 4.901 kilos de marihuana incautados en el Valle de Aburrá en lo que va corrido del año, según informa la institución, evidencia cómo a pesar de las restricciones de movilidad el microtráfico continuó activo.
Una investigación del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISC, que aborda el comportamiento de las bandas durante el aislamiento, identificó que el “paga diario” o préstamo “gota a gota” fue una de las modalidades que más ingresos le significó a las bandas durante este tiempo.
Debido a que gran parte de la población trabaja de manera informal, la gente comenzó a tener una necesidad de dinero y encontró solución en las bandas, las cuales se lucraron gracias a los altos intereses de los préstamos y lograron “legalizar” algunos ingresos que obtenían por otras rentas.
Algunas de las rentas ilegales de las bandas criminales mutaron, lo que les permitió incursionar en nuevas modalidades que antes de la pandemia no tenían en sus radares
“Como las grandes estructuras se vieron sin la manera de lavar su dinero, como lo hacían usualmente a través del comercio, entonces empezaron a prestarle dinero a particulares y esto les servía para que quedara el dinero lavado”, dice uno de los integrantes de la investigación.
El desplazamiento forzado, por su parte, tampoco se detuvo durante la pandemia. El Sistema de Información de la Personería de Medellín - SIP comunicó que, hasta julio de 2020, 1.146 personas habían tenido que abandonar sus casas en lo que va corrido del año debido a presiones por parte de grupos ilegales.
Quijano no descarta que un porcentaje de “los desplazados de la ciudad en el semestre esté relacionado con asuntos de la covid-19”. Aunque considera que aún falta por profundizar en el tema, sospecha que en lugares de la ciudad como “la zona Nororiental y la Centro Occidental, por ejemplo, presionaron a la gente y si sabían que alguien tenía covid lo sacaban o amenazaban”. Esos hechos, asegura, “no son mitos urbanos”.
A pesar de que no existen denuncias formales por desplazamientos relativos a la enfermedad, la investigación del SISC sí evidenció un miedo generalizado de la población, en algunos sectores de la ciudad, por manifestar síntomas. “La gente tenía temor de que las personas de su entorno se dieran cuenta de que estaban contagiados porque esas voces podían llegar al grupo delincuencial y eso les iba a generar desplazamiento”, comenta un integrante de la investigación.
Según los expertos, algunas de las rentas ilegales de las bandas criminales mutaron, lo que les permitió incursionar en nuevas modalidades que antes de la pandemia no tenían en sus radares, pero que adaptaron fácilmente a sus micro territorios. Una transformación rápida que se debe, en gran medida, a la necesidad de generar ingresos y a la fuerza que obtuvieron ante el incremento del número de integrantes en sus filas (ver capítulo III y IV).
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Durante los meses de marzo y abril los barrios periféricos de Medellín se vistieron de rojo. Cobijas, camisas, pantalonetas o cualquier otro tipo de prenda hicieron las veces de banderas. Los soportes de balcones, los cables del alumbrado público o los palos de las escobas reemplazaron las astas que soportaban el distintivo. El pedazo de tela escarlata, tendido sobre la fachada o agitado por niños, jóvenes o ancianos, transmitía un único mensaje: el hambre que las personas tenían.
En las comunas 13 – San Javier, 8 – Villa Hermosa, 4 – Aranjuez y 1 – Popular los trapos rojos ondearon en señal de necesidad de alimentos. Debido a la cuarentena muchas de las personas que habitan estos barrios perdieron sus empleos o no pudieron continuar como trabajadores informales. Un hecho que significó la disminución en sus ingresos y la imposibilidad de abastecerse de víveres.
Las manifestaciones a través del símbolo pretendían servir como un llamado de atención a las autoridades para que les dieran ayudas. La iniciativa, que en un principio fue promovida e ideada por la misma comunidad, terminó captada por las bandas criminales que operan en estos territorios.
La Comuna 13 fue uno de los lugares en donde más hubo interferencia de los grupos armados durante las manifestaciones. El líder social James Zuluaga, que participó en recolectas de ayudas para los más damnificados, manifiesta que cuando empezó “la iniciativa de los trapos rojos me pareció algo muy interesante porque uno a simple vista se daba cuenta de quiénes eran los que estaban pasando necesidad, entonces era más fácil llegar a esas casas para brindarles ayuda”, pero advierte que la situación se salió de control cuando las bandas “comenzaron a exigirle a las personas, que no necesitaban alimentos, que pusieran el trapo rojo para que creyeran que en ese barrio había mucha necesidad”.
De esta manera, considera que los trapos rojos se habían convertido “en un contexto que no tenía que ver con la realidad y que estaban vendiendo una falsa idea”. Luis Fernando Quijano reafirma la denuncia de Zuluaga, pues asegura que “el crimen metió su mano en alguna parte” durante la iniciativa: “impulsando, apoyando o haciendo salir a la gente a que luchara o protestara por el tema del hambre”.
Hay indicios de que las bandas criminales tuvieron una importante participación dentro de la entrega de las ayudas enviadas por la Alcaldía. “Lo que sería extraño es que no metieran la mano”
La Alcaldía de Medellín entregó durante las primeras semanas 50.000 mercados y envió ayudas económicas a 266.000 personas, según la Secretaría de Inclusión Social. El aporte del Municipio se quedó corto en poco tiempo y la Alcaldía inició distintas estrategias que permitieron el recaudo de recursos.
El domingo 12 de abril, por ejemplo, se realizó la “Donatón por Medellín”, una jornada que pretendía recoger dinero y alimentos para quienes más habían sufrido un impacto económico a raíz de la pandemia por la covid-19. El evento, transmitido en Telemedellín por nueve horas ininterrumpidas, logró recaudar más de 13 mil millones de pesos y un total de 100.436 paquetes alimentarios.
Quijano, por su parte, cree que hay indicios de que las bandas criminales tuvieron una importante participación dentro de la entrega de las ayudas enviadas por la Alcaldía. “Lo que sería extraño es que no metieran la mano”, dice. Afirma que muchos de los carros que llegaban a los barrios se encontraban con los combos y estos los obligaban a que les entregaran los mercados para que fueran distribuidos por ellos mismos a la población.
“Yo tuve la posibilidad de hablar con el señor general Eliécer Camacho y él mismo me decía: tuvimos que poner y pedir escoltas para poder ir a los barrios porque estaban despojando los vehículos y llevándose los mercados”, comenta. Los carros que contenían las ayudas, entonces, eran asaltados o delegaban a las bandas las tareas de selección y entrega de los paquetes alimenticios, en una especie de alianza con la institucionalidad (ver capítulo II).
Lo anterior expone cómo, durante la cuarentena, la autoridad en el micro territorio por parte de las bandas criminales no sufrió alguna alteración significativa. Incluso, en algunos sectores de la ciudad incidieron en las medidas de aislamiento. El experto en seguridad Ólmer muñoz considera que los distintos grupos armados que operan en la ciudad “aprovecharon el confinamiento para generar un nuevo orden social y hacer que la gente no saliera”, determinando horarios y zonas prohibidas dentro de los barrios.
Un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, por ejemplo, fue difundido a mediados de marzo por diferentes sectores de la comuna 8 – Villa Hermosa. En el documento amenazaban a la comunidad de La Sierra, Villa Turbay, Guayaquilito (…) “y demás sectores que hacen parte de la jurisdicción de nuestro accionar”, tal y como fue reseñado por el portal web La Silla Vacía el 24 de abril.
El panfleto pretendía el “cumplimiento a las normas y protocolos establecidos por el Estado y las entidades de salud”. Días después, las Autodefensas Gaitanistas desmintieron la emisión de dicha misiva y la Policía Nacional, de acuerdo con las características del documento, le atribuyó la autoría a la delincuencia organizada.
“La misma situación se presentó en Santa Cruz y se ha presentado en otras zonas de la ciudad”, denuncia Quijano. Un control territorial durante la cuarentena que ha incluido, también, la suspensión del suministro de alimentos.
Una habitante del Centro Occidente de la ciudad manifiesta que “hubo un tiempo en que la comida se fue bajando porque ellos no dejaban entrar todo”. Cuenta que “a un señor de los huevos no lo dejaron entrar. Le dijeron: acá estamos en aislamiento y usted no puede pasar”. Luis Guillermo Pardo, como analista del conflicto urbano, explica que esta práctica es recurrente, pues a las bandas les interesa tener el “monopolio sobre productos”, es decir, “los combos les dicen a los tenderos en las comunas qué producto se puede vender y de qué manera”.
El comportamiento que tuvieron las bandas y lo influyentes que fueron en su territorio y población, en los meses que comprendió el confinamiento obligatorio, apenas se está manifestando
La investigación del SISC, en cambio, encontró otro panorama. “No vimos tanta influencia en el territorio a la hora de hacer cumplir la cuarentena”, dice uno de los investigadores. “A las bandas no les interesa reemplazar al Estado, lo que les importa son las rentas”.
De igual manera, el informe Crime in the time of covid-19 tampoco encontró una marcada autoridad de las bandas en cuanto a medidas de aislamiento. “Los líderes comunitarios informaron que la policía y los funcionarios municipales intervenían con mayor frecuencia en todas las situaciones de ‘violación’, mientras que los combos intervenían sólo en raras ocasiones”, se lee en el documento.
En definitiva, mientras la legalidad se aisló, gran parte de los grupos ilegales continuaron activos. El comportamiento que tuvieron las bandas y lo influyentes que fueron en su territorio y población, en los meses que comprendió el confinamiento obligatorio, apenas se está manifestando. Aún queda mucho por conocer de lo que fue, en la mayoría de las comunas de Medellín, una cuarentena criminal.